SAN SALVADOR - La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) ha sido marcada desde su origen por una sombra de desconfianza, que podría disiparse con la propuesta de una nueva reforma que sería sometida en los próximos días.
El encargado de impulsar estos cambios es el Ejecutivo, aunque la última palabra la tienen los diputados de la Asamblea Legislativa.
Los cambios propuestos por el nuevo gobierno promoverían la “agilidad” y “transparencia” en los procesos de adjudicación y contratación, según lo adelantó días atrás el presidente Mauricio Funes.
El contenido de la actual Ley ha experimentado desde su creación en el 2000 hasta el 2005 un total de siete reformas, aunque diversos analistas sostienen que el problema no solo se refiere a deficiencias de contenido sino en su aplicación.
Raúl Torres, del departamento de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), dijo a Contra Punto que “el diseño o la base de las licitaciones a veces está orientada a beneficiar a uno de los sectores y no hay modo de controlar esa dedicatoria”.
Torres agregó que el diseño de la actual Ley genera “una competencia, prácticamente, desleal”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) Miguel Orellana dijo que “todo indica que la Ley actual tiene ciertos espacios ambiguos que pueden facilitar o favorecer a personas poderosas o industrias de las medicinas”.
El año pasado Funde presentó un informe independiente a la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), que cuestiona los sistemas para la adquisición de bienes y servicios del Estado.
El estudio plantea que aunque se realicen contrataciones, adquisiciones, licitaciones y concursos de carácter público, muchos de sus procedimientos son “manipulables”.
El estudio destaca que el caso más “emblemático de corrupción” en los últimos años fue cometido por funcionarios de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) durante la asignación del proyecto Lempa II, que supuestamente solventaría el problema de abastecimiento de agua potable para el Gran San Salvador.
“En el proceso de licitación, se cometió la ilegalidad de seleccionar un consorcio de de empresas españolas, Unión Temporal de Empresas (UTE), que ni siquiera retiró las bases del concurso de la licitación pública, dado que las otras empresas eran competidoras individuales y en el proceso mismo se conformó el consorcio”, dice.
Cambios necesarios
Pese a que los detalles de la octava reforma a Lacap no se han dado a conocer, diversos sectores reciben con agrado el anuncio del Ejecutivo.
Wendy Portillo, una arquitecta que en los últimos tres años ha participado en concursos de proyectos de supervisión para construcción en diversas carteras de Estado, asegura que pocas ocasiones ha logrado algún trabajo, porque las grandes empresas son beneficiadas mayoritariamente.
Agrega que las veces que le han asignado trabajos de supervisión, el gobierno se retrasa en los pagos por uno o dos meses y muchas empresas se descapitalizan y no pueden seguir avanzando en el proyecto. Si no logran cumplir con el proyecto, son multadas.
“Estamos esperando que la reforma beneficie a empresas pequeñas, que no tienen un costo administrativo tan alto. Uno se mantiene prácticamente al día”, expresó.
Estas demandas no son nuevas. El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) realizó en 2005 el estudio sobre “La transparencia en el Estado salvadoreño, la perspectiva de los empresarios”, en el que ponía en evidencia la imagen negativa que estos tienen sobre la Lacap.
El estudio consultó a un total de 350 empresarios de diversos sectores de la actividad económica con el propósito de conocer la percepción de éstos de la relación con el Estado.
Los resultados indican que uno de los principales hallazgos “más reveladores” es que “un grupo pequeño se beneficia de estas políticas (licitación) y que esto se debe a sus vínculos estrechos con altos funcionarios públicos”.
Una de las interrogantes planteadas a los empresarios fue: “¿se siente afectado directa y negativamente por la corrupción?”. Siete de cada diez pequeños empresarios dijeron sentirse mucho o algo afectados.
Raúl Torres, de Funde, dice que muchas veces se intentó realizar reformas y transparentar la Lacap durante los gobiernos anteriores, pero que “Arena fue pasiva, pero hasta el momento ha tomado mayor fuerza por el nuevo gobierno”.
El presidente Funes dijo en un acto público que el objetivo central de la reforma “es contribuir a la prevención de la corrupción a través de la más absoluta transparencia de la gestión pública, pero también fortalecer la relación del Estado con el empresariado y la ciudadanía”.
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